La trabajadora portuaria y referente gremial Valeria Barría celebró la decisión judicial que permitió el ingreso del personal de la Secretaría de Ambiente provincial al Puerto de Ushuaia para realizar inspecciones, después de cuatro intentos frustrados. La resolución fue firmada por el juez Sergio Pepe, a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1 en subrogancia del N° 2.
Barría describió la medida como una “bocanada de esperanza” para el personal.
En declaraciones al programa “Desde las Bases”, Barría afirmó que la intervención “no vino a hacer nada bueno” y que la gestión nacional buscaba “llevarse la caja del puerto”.
Según su relato, la ANPyN impidió el ingreso no solo de los trabajadores sino también de las autoridades portuarias provinciales y de personal de la gobernación, e incluso de funcionarios del Tribunal de Cuentas: “Incluso hasta la gente del Tribunal de Cuentas que ha tratado de ingresar”, señaló.
Su reclamo central es que la terminal vuelva a la provincia con su administración y su recaudación. “Si acá hay alguien que tiene que levantarse e irse, es ANPyN”, planteó, y agregó: “Es responsabilidad de todos que el puerto vuelva a la provincia”.
Barría habló de 140 trabajadores en conflicto desde el 21 de enero, cuando la terminal quedó bajo control de la ANPyN. El personal operativo de la Dirección Provincial de Puertos no pudo volver a sus puestos y varios cumplen tareas administrativas en oficinas externas.
Las protestas, anticipó, van a continuar durante la temporada turística.
El International Dockworkers Council expresó su solidaridad con los trabajadores fueguinos y reclamó que el puerto vuelva a la provincia. Gremios como APDFA, SUTAP y la CTA participaron de una convocatoria frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se tramita el planteo de la provincia contra la intervención.
El gobernador Gustavo Melella reclamó esta semana el fin de la intervención federal, y el intendente de Río Grande respalda esa posición.
El puerto está intervenido desde el 20 de enero por la Resolución 4/2026 de la ANPyN, con un plazo de doce meses que vence en enero de 2027. La provincia cuestionó judicialmente la medida ante la Corte Suprema.
En el frente penal, el fiscal de Ushuaia Nicolás Arias imputó al director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Miguel Arreseygor, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público e impedimento a un funcionario público en el cumplimiento de sus funciones, en una causa que quedó en discusión de competencia entre el fuero provincial y el federal. La ANPyN sostuvo que no hay residuos peligrosos almacenados en el predio ni actividades de mantenimiento que los generen.